Alcorcón entre los municipios que contrataron con Waiter Music, la empresa de la operación Púnica

Pregón de fiestas en el Ayuntamiento de Alcorcón
Pregón de fiestas en el Ayuntamiento de Alcorcón

Waiter Music, empresa de la trama de la operación Púnica, alardeaba públicamente de «tratar» con «compañeros de ayuntamientos» para lograr la organización de conciertos. Así se recoge en la página web -ya borrada- de la compañía, en la que detallaba clientes y artistas en cartera.

Entre el listado de clientes citado en su información corporativa en la red, Waiter Music destacaba la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital (distritos de Villaverde y Ciudad Lineal) y las alcaldías de Alcalá de HenaresAlcázar de San Juan, AlcorcónAlgeteAñover de TajoArroyomolinosChinchón,CiempozuelosCiruelosCosladaEl ÁlamoEl Berrueco,GetafeHumanesHuerta de ValdecarábanosLa Hiruela,Manzanares El RealMoraleja de EnmedioMóstolesPinto,San Martín de la VegaSan Sebastián de los ReyesSoto del RealTorrejón de VelascoValdemoroVelilla de San Antonio,Villanueva de la Cañada y Zaragoza. Otros ayuntamientos ilustres, como el de Boadilla del Monte -ombligo de la Gürtel-, también firmaron contratos.

Entre los artistas con los que contrataban actuaciones, la empresa daba cuenta de RaphaelEl BarrioBertín OsborneLos del Río,La Kalabaza de Pippa o Cantajuegos.

Inflaban el coste de los conciertos a cargo de las arcas públicas hasta más de un 50%

Un ejemplo palmario de lo que, durante estos años, ha estado sucediendo se refleja en lo que ocurrió con el concierto de Siempre Así, un grupo de ocho miembros de la hermandad del Rocío de Triana que llegó a cantar en la boda de la Infanta Cristina con Iñaki Urdangarin.

Cuando tocaron el pasado 12 de septiembre contratados directamente por el Ayuntamiento de Algete a través de su representante, el precio fue de 16.000 euros por una hora y media de actuación.

Cuando tocaron el pasado 5 de octubre en otra localidad madrileña contratados indirectamente a través de Waiter Music por el mismo periodo de tiempo, el precio fue 25.000. Un sobreprecio de 9.000 euros pagado con dinero público (un 56% más). Los investigadores sospechan que en este tipo de prácticas había mordidas. Tal y como consta en las cláusulas que aparecen en los expedientes de contratación, la empresa del brazo derecho de Granados cobraba «antes del inicio de las pruebas de sonido». Siempre. En un cheque «a nombre del adjudicatario».

Leer más: http://www.elmundo.es/espana/2014/11/05/545939b522601dac7c8b4587.html

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