La UE contradice al Gobierno y asegura no haberse pronunciado sobre la legalidad de Eurovegas

La Comisión Europea (CE) negó este lunes haber emitido dictamen formal alguno sobre la compatibilidad legal con el derecho comunitario de las condiciones que fueron impuestas por Sheldon Adelson en torno al proyecto de Eurovegas en Madrid y que llevaron a las autoridades españolas a retirarse del proyecto.

“No se ha llegado a decidir nada. Ni siquiera se llegaron a iniciar investigaciones formales”, señaló el portavoz comunitario de Competencia, Antoine Colombani, en la rueda de prensa diaria de la institución. Colombani contracie así las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien en el Consejo de Ministros afirmó que “España y la Unión Europea han coincidido en el rechazo de estas últimas exigencias que no pueden ser asumidas”.

“Solo fuimos consultados sobre la compatibilidad de las reglas de ayudas de Estado con ciertas medidas contempladas”, indicó. Colombani reconoció que hubo “contactos informales” con las autoridades españolas y los servicios de la CE.

“Los últimos contactos que hemos tenido, y que fueron a través de una carta de los servicios, no nos llevaron a formular ninguna opinión definitiva final sobre estas medidas, pero sí a pedir información adicional”, explicó. La CE “da la posibilidad a los países de notificar con antelación posibles medidas de ayuda pública con el fin de analizar su compatibilidad con las normas de ayudas de Estado o la manera de que podrían ser modificadas para hacerlas compatibles”, explicó.

El pasado 13 de agosto, el excomisario europeo de Salud y Política de Consumidores John Dalli dijo sentir “preocupación” respecto a la posibilidad que se permitiera fumar en los casinos de Eurovegas por “los riesgos que entraña la exposición para las personas al humo del tabaco”.

Dalli se pronunció el pasado verano a partir de una pregunta parlamentaria formulada por la eurodiputada española por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) Ana Miranda, quien dijo que la Generalitat de Cataluña -que entonces aún optaba al proyecto- “consideraba flexibilizar” la ley que prohíbe fumar en los espacios públicos.

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