Un azote a la precariedad

@jageggy.- Un total de 31 colaboradores sociales, 25 con el apoyo del sindicato Comisiones Obreras del Ayuntamiento de Alcorcón y seis a título individual, han interpuesto demanda contra el consistorio alcorconero alegando despido improcedente conforme a lo expuesto en la ley Reguladora de la Jurisdicción Social aprobada mediante la serie de sentencias dictaminadas a principios de marzo por la Sala General del Tribunal Supremo que condena y paraliza  el Programa de Recualificación Profesional de Desempleados Participantes en Trabajos de Colaboración Social, denominativo institucional conferido a esta práctica que se aprovecha del contexto de necesidad general y coacciona a las víctimas de ésta. Dicha batería de sentencias resuelve como improcedentes todos aquellos despidos que se deriven de contratos de colaboración social formalizados con parados y destinados a cubrir tareas comunes y permanentes de la Administración siempre y cuando no se haya justificado una causa de temporalidad válida.

En sentido figurado, el Programa de Recualificación Profesional de Desempleados es explotador, chantajista, manipulador de las cifras del paro y vulnerador de derechos sociales, está ultima característica innegable, más cuando Jesús Gómez Ruiz, alcalde de Leganés, ciudad cuya corporación también se acogió a este sistema laboral precario, no considera que el subsidio por desempleo sea un derecho en absoluto, al igual que tampoco lo es la educación. Añadiendo además que debería permitirse el trabajo infantil. Todo esto se puede leer en el artículo titulado “Los principios de la legislación española sobre educación” publicado en Libertad Digital. En esta ocasión fue claro y conciso a diferencia de cuando realmente se necesita que lo sea, algo que le une a su compañero de siglas David Pérez.

Este esquema es explotador porque el 60% de los desempleados, en el caso de Alcorcón, estuvieron cobrando 219 euros por siete horas y media de trabajo. Esta mensualidad nace de la resta del salario mínimo interprofesional (SMI) fijado en 645 euros y los 426 correspondientes al subsidio.

Igualmente es chantajista porque se aprovechó del contexto de alarmante crecimiento de la pobreza y del aumento de la necesidad de los vecinos y vecinas del municipio, acompañado éste último rasgo circunstancial por el mismo tañido de advertencia. El método por el cual aplicó de forma eficaz ese oportunismo fue la adopción del programa en formato voluntario supeditado a alcanzar 100 voluntarios en la plantilla. En caso contrario, el plan es obligatorio.

Por si fuera poco y para redondear, este proyecto manipuló las cifras con las que opera el Ministerio de Empleo desactivando las demandas de búsqueda de empleo del centenar de ‘esclavos sociales ’que operaron durante seis meses en nuestra localidad.

Los efectos de la resolución del TS esprintaron como un velocista y a las pocas horas estaban en boca de todos. La caja de las diligencias se ha abierto y cabe esperar y desear que con el asesoramiento jurídico en materia laboral adecuado puedan exigir cobrar todo el montante salarial, además de vacaciones, que le correspondiera como el resto del personal  habitual de la Administración Pública.

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