desajuste en la educación de la Comunidad de Madrid

El pasado miércoles 15 de Abril se reunió la conferencia sectorial de educación con el objetivo de aprobar por consenso un manifiesto sobre qué hacer con el final del curso escolar en España. Este manifiesto, defendido por la ministra de educación Isabel Celaá, propone que todos los alumnos y alumnas pasen de curso y titulen de manera general salvo excepciones muy justificadas. Los encargados de tomar esta decisión sobre cada alumno en cada centro serán los equipos docentes, formados por entre 10 y 15 profesores. Este aprobado general con condiciones puede provocar deficiencias curriculares en parte del alumnado, por el acuerdo propone la impartición de clases de refuerzo en verano y una especial atención de los docentes en la planificación del curso que viene centrando parte de su contenido en refuerzos concretos.

Aunque el miércoles 15 el decreto obtuvo un aprobado casi total por las Comunidades Autónomas, que son las que tienen las competencias últimas, el jueves 16 las comunidades de Madrid, Castilla y León y Andalucía mostraron un repentino rechazo al acuerdo. El País Vasco también anunció su rechazo por estar trabajando en un plan propio y Catalunya no se pronunció al respecto. El PP madrileño de Ayuso argumenta que están en contra del aprobado general porque “creen en el esfuerzo de los alumnos, los profesores y las familias” y porque creen que esta medida debe ser uniforme para todo el país y no depender de cada Comunidad Autónoma a riesgo de que alguna decida aplicar el aprobado general total.

En definitiva, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid considera el tercer trimestre del curso evaluable igual que los dos anteriores y aunque se reconoce que habrá cierta flexibilización no se aplicará de la manera que propone el gobierno.

Algunas opiniones al respecto del cambio repentino de opinión del PP señalan que puede ser un torpedo más a la gestión del gobierno de la crisis rompiendo la imagen de triunfo y gran consenso que en un inicio se había alcanzado.

La consecuencia de esta diferencia en el procedimiento de actuación ante la emergencia sanitaria del coronavirus en la educación puede provocar aún más desajustes entre las comunidades autónomas, sobre todo en la prueba de la EBAU (selectividad) ya que un alumno en las mismas condiciones podría optar a hacerla o no dependiendo de la comunidad donde residiera. En cualquier caso el consejo sectorial ha dejado la puerta abierta para que las comunidades discrepantes puedan reincorporarse al acuerdo.

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