Una amplia y diversa mayoría parlamentaria aprueba los presupuestos para el 2021

Cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, afirmó que no eran unos presupuestos al uso. Desde luego, son unos presupuestos que rompen con la tónica de los aprobados durante los últimos gobiernos del PP, por su aumento en inversión, gasto público y políticas sociales.


Por un lado la mayor partida de estos presupuestos son las pensiones públicas, aumentando el gasto por encima de los 163.000 millones con subidas del 0,9% para las pensiones contributivas y un 1,8% las no contributivas.


Las políticas sociales también reciben un importante refuerzo multiplicando casi por 5 el gatos destinado a políticas de vivienda con 2.253 millones y el gasto en políticas de igualdad aumentará un 151%.


La inversión pública en educación y ciencia también aumenta considerablemente.  El presupuesto para la educación pública aumenta un 70,3% y un 60% en ciencia con respecto a 2020. La cantidad destinada a I+D+i, entre varios ministerios supone un aumento del 80%. Los fondos destinados a cultura aumentarán un 25,6% con respecto a 2020.


Este capítulo de gatos prevé financiarse con aumento de 2 puntos del IRPF a las rentas del trabajo superiores a los 300.000 € anuales, y un aumento de 3 puntos a las rentas del capital superiores a los 200.000€ anules.


Pero además se presupuesta una inversión pública récord. Se prevé que esta partida duplique la de 2020, hasta rebasar los 39.000 millones entre inversiones reales y transferencias de capital. 


El proyecto de Presupuestos ya incluye los 27.000 millones del primer tramo de fondos europeos asignados a España. El grueso se destinará a industria y energía (21,1%), seguidos de I+D+i y digitalización (17,8%). Una cifra parecida, 17,6%, se dedicará a infraestructuras y ecosistemas resilientes.


Este aumento en inversión y gasto público son posibles por los fondos de recuperación que la UE destinará a nuestro país para paliar los efectos económicos de la pandemia. Pero a nadie se le escapa de que la cantidad de esos fondos  que podrían. se   terminar en el saldo de beneficios de diferentes empresas, a través de lo que la presidente de la Comunidad de Madrid llama “colaboración público-privada” a través de la construcción de infraestructuras podría haber sido mayor de haberse negociado éstos con los partidos liberales. Eso es lo que está en disputa con la aprobación de estos presupuestos y es esto lo que hay de fondo en las tensiones que parece haber en el seno del PSOE.


Cuando determinados líderes del PSOE ponen en cuestión la legitimidad de los diputados de ciertos grupos parlamentarios que han adelantado su apoyo a los presupuestos, en realidad lo que se manifiesta es que en el PSOE existe una línea que hubiera preferido unos presupuestos negociados con otras formaciones más partidarias de la “colaboración público-privada” con las constructoras que de la inversión en industria o I+D+i.


Cuando la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, anunció su voto en contra de los PGE, señalando que el gobierno podría haber negociado con ellos, pero ha preferido los votos de la izquierda nacionalista vasca y catalana, tiene razón. El gobierno podría haber negociado otros presupuestos con Ciudadanos, pero no era necesario porque la correlación de fuerzas en el congreso permite aprobarlos sin ellos y por tanto permite no tener que hacer más concesiones al hipertrofiado lobby del ladrillo español, tan acostumbrado a recibir concesiones de obras faraónicas como el hospital sin médicos ni enfermos de Isabel Díaz Ayuso.

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