El gobierno del PP de la Comunidad desoye el mandato judicial de dotar de recursos a las residencias de Alcorcón

El gobierno regional del PP deja abandonadas las residencias de mayores en Alcorcón, pese al auto judicial que obligaba a la Comunidad, responsable de la gestión de las residencias de mayores, a medicalizarlas dotándolas de personal y recursos para que el personal pudiese desarrollar su labor de cuidado de los mayores sin riesgos y con la mayor seguridad.

Según una noticia publicada por el diario El País , la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Alcorcón (170.000 habitantes) presentó un recurso contencioso-administrativo ante el TSJM, tras haber mandado tres cartas a la Comunidad de Madrid a principios de abril. En ellas, se pedía que actuara a la mayor brevedad, dada la situación de las residencias de la localidad, en las que estaban muriendo gran cantidad de mayores por la falta de medios y de personal. Según los datos aportados, desde el 29 de marzo, han fallecido 116 residentes en estos cuatro centros. Entre todas las residencias, 143 mayores fueron considerados positivos por coronavirus, 262 sin síntomas y 111 con posibles afecciones. Según el informe, había 352 ancianos aislados. El documento también recoge que el 50% de los 579 residentes del municipio habían dado positivo en los test PCR.

Los jueces aceptaron en un auto del pasado martes 21 de marzo la medida cautelarísima solicitada por el Consistorio alcorconero: el Gobierno regional debía dotar en el plazo máximo de tres días de medios sanitarios a los centros de Alcorcón. El escrito hacía máximo hincapié en que se les remitieran pruebas suficientes para todos los residentes y el personal. Además, debía haber un refuerzo de médicos, enfermeras y auxiliares, de forma que todos los mayores estuvieran perfectamente atendidos. Continúa exponiendo el artículo en El País.

En el último párrafo del informe presentado por el Ayuntamiento, se señala que los responsables de cada centro les informaron verbalmente “de que no ha habido ningún cambio organizativo, ni de aumento de pruebas diagnósticas tipo test de la covid-19 ni de refuerzos de plantilla en sus centros”.

Esto supondría que la Comunidad de Madrid ha desoído las órdenes dadas por los jueces en el auto del pasado martes, según fuentes municipales. Estos ya recordaron que era de obligado cumplimiento y que no cabía ningún tipo de recurso ni de aclaración, dado que se trataba de una medida cautelarísima.

Los últimos pasos dados por el gobierno regional del tripartito conservador (PP,C´s  y el apoyo externo de VOX) han ido en la misma dirección que sus políticas sobre la sanidad de los últimos 25 años, que es el tiempo que hace que gobiernan en la Comunidad de Madrid. Despidos, recortes, privatizaciones encubiertas y apoyo a la sanidad privada derivándoles los recursos que se sustraen a la pública.

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