Juristas y organizaciones de derechos humanos alertan sobre el encarcelamiento de Hasél por un “delito de expresión”

La Audiencia Nacional ha dado a Pablo Hasél un plazo de diez días para ingresar por su propio pie en un centro penitenciario para cumplir una condena de nueve meses de cárcel.

 

Hasél ha anunciado que “el brazo armado del Estado” tendrá que secuestrarlo “a la fuerza” si quiere encarcelarlo, pues él no va a ingresar en prisión “de forma voluntaria”.

 

Juristas y organizaciones de derechos humanos también han alertado en las redes sociales sobre la inminente entrada en prisión del rapero por un “delito de expresión” y todo lo que ello supone.

 

La Red Jurídica Abogados/as ha destacado en su perfil de Twitter que Hasél ha sido condenado por “delitos de expresión” y que si finalmente ingresara en prisión, sería “el primer rapero de Europa que vaya a la cárcel por decir lo que piensa”.

 

La Red Jurídica Abogados/as ha recordado asimismo que el GEPC (Grupo de Estudio de Política Criminal) –integrado por académicos, jueces, fiscales y abogados– propuso hace algo más de un año las ‘Propuestas alternativas a los delitos de expresión’, una serie de reformas legislativas entre las que se encuentran “la despenalización de los delitos de injurias, la restricción de los delitos de calumnias a su comisión con publicidad, la despenalización de los delitos contra los sentimientos religiosos, limitar los delitos de odio a la incitación pública a cometer delitos contra grupos vulnerables y hacer lo mismo con los delitos de enaltecimiento del terrorismo”

 

 

“La prisión por delito de expresión es siempre un despropósito”, ha manifestado, Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal de la UC3M (Universidad Carlos III de Madrid). Dopico ha calificado de “desafortunada” y “banalizadora” la locución “libertinaje de expresión” contenida en la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a Hasél y ha considerado que “votos particulares como los recogidos en las dos sentencias condenatorias” –la de la Audiencia Nacional y la del propio Supremo– anticipan una “probable condena” a España por parte del TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) o Tribunal de Estrasburgo, si la condena al rapero no fuera anulada antes por el Tribunal Constitucional.

 

 

El catedrático de Derecho Penal ha analizado asimismo los “hechos probados” de los tres bloques de delitos por los que el rapero ha sido condenado: injurias al rey, injurias a la Policía y enaltecimiento del terrorismo.

 

Sobre el primer bloque –injurias al rey–, Dopico ha considerado que la condena del discurso de Hasél como discurso criminal “infringe las garantías de la libertad de expresión”, ha asegurado que “la mayoría” de los tuits por los que el rapero ha sido condenado “ni siquiera se refieren al rey, sino a la monarquía o a sus amigos” y ha insistido en que tras “recientes” revelaciones periodísticas, “columnistas de la ‘prensa seria’” dicen “cosas más explícitas” que las escritas por Hasél.

 

Sobre el segundo bloque –injurias a la Policía–, el catedrático ha destacado que la crítica del rapero a determinadas actuaciones policiales –como las que acabaron con la vida de 15 personas en la playa ceutí del Tarajal, con la de Martín Luna en Barcelona o con la de Íñigo Cabacas en Bilbao– es “una crítica en términos brutales”, pero ha advertido de que una condena penal por ella “transgrede los estándares que el TEDH ha impuesto en materia de libertad de expresión y discurso antipolicial” en las sentencias de casos como el de Savva Terentyev  y de Stomakhin contra Rusia.

 

Sobre el tercer y último bloque –enaltecimiento del terrorismo– y los 11 tuits de Hasél que “determinan una condena de más de dos años de prisión, no suspendible”, Dopico destaca que algunos de esos tuits, como “ante el terrorismo de Estado, barrio organizado”, ni siquiera tienen “relación comprensible con la acusación” y que los demás “no son constitutivos de delito de enaltecimiento”, pues –“como muy bien dicen en sus respectivos votos particulares los magistrados del Supremo Ana Ferrer y Miguel Colmenero y la magistrada Audiencia Nacional Manuela de Prado”, apunta el catedrático– “no suponen una incitación idónea a la violencia”.

Organizaciones de derechos humanos también se han pronunciado ante la notificación de la Audiencia Nacional sobre el ingreso en prisión del rapero.

 

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